Reproducimos un comentario sobre la parada de las obras del parador en el Castilo de Lorca publicado en www.laverdad.es por considerarlo de interés y por la similitud del caso con la construcción de la hospedería en el Castillo de Alburquerque.

Construcción de la hospedería en el CASTILLO DE ALBURQUERQUE

Se trata de un auténtico “bombazo”, ya que el informe está emitido por el máximo órgano de que se dota el estado español en materia de asesoramiento técnico y legal (la Dirección General de Defensa del Patrimonio), la cual se declara “competente”, siendo en consecuencia su dictamen vinculante para la administración.

Que el Ministerio de Cultura no procediera a ordenar inmediatamente la paralización de las obras al día siguiente de recibir el informe (esto es, hace más de dos años y medio) es algo que va a tener que explicar la ministra, pero no nos engañemos: la vulneración de la ley no empezó con ese informe; el pasarse por el forro la Ley del Patrimonio Nacional, data del mismo día en que Miguel Navarro y su equipo de gobierno pusieron encima de la mesa el proyecto del parador dentro del Castillo, ya que la lectura simple de dicha Ley, no abriga ninguna interpretación torticera capaz de tolerar la comisión de tamaño disparate. No hace falta ser abogado para saber que matar es un delito. No hacía falta una resolución oficial para saber que un BIC como el Castillo de Lorca, monumento nacional desde 1931, es intocable y las únicas obras que la ley permite es su rehabilitación respetuosa y las excavaciones arqueológicas conservacionistas en el entorno del cerro, y no el explanamiento de una judería, única en España por sus características, arrasada bárbaramente para convertirla en un aparcamiento para los clientes del hotel.

Muro de hormigón en la construcción de la hospedería en el CASTILLO DE ALBURQUERQUE

El contubernio compuesto por el tándem Navarro-Valcárcel, unido por la fiebre de la especulación y el ladrillo, impuso su concepto desarrollista a cualquier precio (destrucción del entorno natural del litoral y el interior) decidiendo ambos ignorar la ley estatal de protección del Patrimonio, amparándose en dictámenes técnicos y jurídicos mercenarios, que acabamos de ver cómo han sido vergonzosamente anulados por la máxima instancia estatal en materia de protección de bienes históricos.

Vistos estos antecedentes, ahora tienen que rendir cuentas a los lorquinos y ante los españoles, el primer lugar, los alcaldes de Lorca Miguel Navarro y Leoncio Collado (PSOE) así como el actual alcalde, Francisco Jódar (PP), quiénes con sus votos favorables a este proyecto han permitido alteraciones, expolios y destrucciones patrimoniales irreparables, lo mismo que Angel Iniesta, jefe del Servicio de Patrimonio Histórico nombrado por Valcárcel y su jefe, el nefasto consejero de cultura que firmo la aprobación del demencial proyecto, Juan Ramón Medina Precioso, teniendo todos éllos que rendir cuenta de un más que probable delito de prevaricación en el que puedan haber incurrido, además de estos altos cargos políticos y técnicos, sus homónimos del Ministerio de Cultura, máximo garante del cumplimiento de la Ley, desde que se inician las obras del parador hasta que en 2007 entra en vigor la Ley Regional de Defensa del Patrimonio, que por el principio de no retroactividad, el manto de protección legal que dispone sobre los BIC, no puede sumarse a las leyes estatales contextualmente en vigor, por las razones apuntadas.

Las leyes vulneradas (Ley del Patrimonio Histórico 16/1985) existían antes de que Miguel Navarro y el PSOE de Lorca tuvieran la luminosa idea de destrozar el Castillo de Lorca, con el concurso político de las administraciones regional y central, primando supuestos intereses económicos depredadores de los generales. No podrán alegar ahora los tres alcaldes lorquinos implicados ni los políticos y técnicos de Lorca y Murcia que desconocían el informe, porque la base legal del mismo era de público conocimiento y su incumplimiento fue en su día denunciado por colectivos ciudadanos lorquinos, por la Universidad de Murcia, por expertos de rango internacional de las Universidades de Zaragoza, A Coruña y Granada, por el Colegio de Arquitectos de Murcia y por el grupo municipal de IU. Al binomio Navarro-Collado cabria imputárseles el presunto delito de prevaricación por la firma de resoluciones lesivas para el Castillo, mientras que al actual alcalde, le toca responder políticamente por haber –él y su grupo del PP- votado favorablemente en la comisión de un presunto DELITO contra la Ley del Patrimonio Histórico.

El muro de hormigón se ve desde kilómetros y rompe totalmente con el entorno medieval del CASTILLO DE ALBURQUERQUE

La ministra de cultura, tiene ante sí la grave imputación de, teniendo plena competencia (y obligada vinculación para impedir esta obra), no haberlo hecho, ni élla ni sus dos predecesores. No hay una “patata caliente” que pasarse unos a otros. Lo que tienen en sus manos las administraciones local, regional y estatal son tres “patatas calientes” por las que tendrán que responder cada una.

El Parador nunca debió construirse dentro del Castillo.

A la vista del demoledor informe de la Dirección General de Defensa del Patrimonio, los jueces del TSJ de Murcia que llevan dos procedimientos, uno por la vía penal y la obra por la contencioso-administrativa, tienen ahora ante sí con este documento, la constatación jurídicamente fundamentada de que las denuncias por la vía penal y administrativa que, a instancia de parte ciudadana, han sido interpuestas con espíritu “de buen derecho”, solo les queda no demorar más la toma de resolución y aplicar lo que dice la ley, por muy duro que les resulte no sucumbir a la tentación de torcer la inexorable rectitud de su aplicación, mirando antes al bien común que han jurado o prometido defender, que a los veinte millones de euros de dinero público que administraciones públicas irresponsables han permitido invertir en una obra descabellada y destructiva que nunca debiera estar ahí.

El Parador que, en palabras del ex alcalde Miguel Navarro “no sobresaldría por encima de la muralla”, tiene que ser demolido y los responsables políticos y técnicos que lo han promovido o avalado con informes falsos, procesados y condenados por tan graves y tan irreparables daños al erario y al patrimonio público de Lorca y de España.

Lo dice la ley.