diciembre 10, 2007

¿Quién defiende nuestro Patrimonio?

Posted in Opinión a 4:57 pm por la Plataforma

Reproducimos a continuación un artículo, pensamos que esclarecedor, de cómo las autoridades extremeñas gestionan nuestro Patrimonio. Está recogido del periódico “hoy” del día 10 de diciembre, y ha sido escrito por “Diego Manuel Muñoz Hidalgo”, escritor y miembro de diversos colectivos en defensa del Patrimonio extremeño.

“ENTENDEMOS aquí como ‘Patrimonio’ toda riqueza natural y cultural que forma parte de nuestras señas de identidad; un legado que no nos pertenece, pues ha de seguir siendo disfrutado por nuestras futuras generaciones. Sobre todo cuando es un recurso vital para nuestra calidad de vida y crecimiento social y económico; lo que exige que nuestro desarrollo sea respetuoso con él, con normas que los políticos han de cumplir y hacer cumplir (al menos eso nos prometen…).

Pero algo va mal en Extremadura cuando surgen asociaciones y multitud de plataformas ciudadanas (contra las nucleares de Almaraz, la cementera de Alconera, la contaminación en Almendralejo, los proyectos de refinería en Tierra de Barros, térmicas en Mérida, primer diseño del Hotel Atrio en Cáceres, Hospedería de Alburquerque, etc.) denunciando: 1º) que nuestros gobiernos municipales, regionales, etc. son culpables (por acción u omisión) de atentados ambientales o histórico-artísticos; y 2º) que la Ley (por precaria) es ineficaz, permitiendo que ciertos poderes, políticos o económicos, sean los primeros en violentarla a su conveniencia.

Ante esto queda un Patrimonio desprotegido y un ciudadano desamparado que se manifiesta, cada vez más consciente del valor de lo nuestro y de tanta injusticia. Y es que ¿sirven de algo las figuras de Protección Ambiental, ZEPA, Bien de Interés Cultural, Patrimonio de la Humanidad… si de un plumazo los políticos recalifican, permiten o impulsan aquí obras rompedoras? ¿Qué fiabilidad tiene una evaluación de impacto ambiental (que ha de sopesar la viabilidad, o no, de impactantes proyectos) si el que ha de ser ‘juez imparcial’ es ‘parte interesada’, maquillando efectos negativos y maximizando los positivos?… Igualmente, medias verdades ocultan grandes mentiras: ¿Qué confianza científica tienen los estudios de impacto pagados por promotores privados?, ¿van a ser contrarios a sus intereses?… Todo teatro y manipulación.

Pero ¿de qué depende la conservación de nuestro Patrimonio, natural y cultural?. En primer lugar, del modelo de democracia a seguir: ¿’partitocrática’ cada cuatro años, con el riesgo del «ordeno y mando», sin querer consultar al pueblo ni estudios existentes o preliminares… o ‘participativa’ en el día a día, con el aval de organismos independientes de prestigio que no estén a sueldo? Y, en segundo lugar, del modelo de desarrollo: ¿’desarrollista’, incontrolado, voraz, sin una racional ordenación urbana y territorial, favoreciendo el crecimiento rápido (de algunos) a costa de merendarse el Patrimonio (de todos)… o ‘sostenible’, planificado a medio y largo plazo, respetuoso con nuestros recursos socioeconómicos?

En Extremadura hay muchos más casos en donde se incumple la ‘legalidad vigente’, dos palabras manoseadas por la demagogia de una Administración que, o es cómplice, o hace la ‘vista gorda’ (mina de Aguablanca en Monesterio, complejo de Valdecañas, obras en la Mérida arqueológica, o sobre el trazado de la Vía de la Plata-Camino de Santiago, el arranque de casi doscientas encinas en Jerez, etc.). Esta situación se podría resumir así: hay iniciativas a las que, arbitrariamente, no se les dan permisos alegando «crispación social» o «impactos irreversibles» (medioambientales, sanitarios, visuales, etc.); pero, cuando interesa, existe un ‘Plan A’: saltarse la Ley ‘a la torera’ al ser dueños de competencias urbanísticas, ambientales y culturales (y si cuela… cuela). Pero hay raras excepciones donde la Ley da la razón a los ciudadanos, mas el poder ya tenía preparado un ‘Plan B’: la política de hechos consumados; sabiendo estar delinquiendo, que la Justicia es lenta…, continúa hasta consumar la ilegalidad. Tras los años saldrá la condena (como en las ilegales expropiaciones para Siderúrgica Balboa en Jerez, el ‘Cubo’ de Biblioteconomía en la Alcazaba de Badajoz, etc.); y cuando todo está a favor del denunciante, el culpable lanza un estudiado guión: «sería imposible y perjudicial la reparación», «tendría un gran coste socioeconómico», etc. Un chantaje psicológico para, apelando a la sensibilidad (que no tuvieron), legitimar lo ilegal.

Esta estrategia incluye (desde trincheras gubernamentales y de acólitos o agradecidos del mundo sindical, empresarial, universitario, intelectual, etc.) el disparar con difamaciones: «¿les pagan las multinacionales!», «¿son fundamentalistas!», «¿van contra el progreso!»… Lo triste es que hay quien se lo cree, pues en esta región, aún sumisa o acostumbrada a tanta ilegalidad, el denunciar al ‘señorito’ está mal visto, y en vez de pedir responsabilidades a los que llevan varias sentencias a sus espaldas, se fusila a los que humildemente ejercen su derecho democrático de advertir el atropello… (un mundo al revés). Al final, en este paisaje extremeño, ‘cortijero’, siempre escapan los poderosos, siendo la sociedad que lucha por salvar un Patrimonio común la que encima ha de llorar su destrucción y ‘pagar los platos rotos’ (multas, indemnizaciones, etc.). ¿Por qué no pagan los responsables?

Como acto reconciliador proponemos una reflexión: todos coincidimos en lo mejor para Extremadura (riqueza y empleo, rehabilitar zonas deprimidas…), pero nos desune el ‘cómo’. Si poseemos un gran Patrimonio con infinitas potencialidades, si estamos apostando por la ‘sociedad de la imaginación’… ¿no sería más lógico que avanzásemos (¿juntos!) hacia modernas fórmulas de desarrollo más coherentes y respetuosas, en vez de retroceder a caducos modelos del pasado con iniciativas impactantes o contaminantes, ubicaciones inapropiadas, etc. y, además, forzando la Ley? Todo es cuestión de rectificar a tiempo y buscar alternativas mejores.

En resumen, en Extremadura hay un tenso debate (desigual): entre los que nos obligan a creer (unos egoístamente, otros con buena fe) que la ‘conservación’ es un freno al ‘progreso’, y los que argumentamos que es un paso obligado (su cimiento). Conclusión: ¿Quién defiende el Patrimonio extremeño? ¿Vamos a permitir que unos pocos se coman nuestras ‘gallinas de los huevos de oro’?… “

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